HIPOCRESÍAS INSTITUCIONALES

Es común oír a funcionarios atacar furibundamente a las empresas que poseen empleados en negro. Los empleadores tienen que soportar a diario que grupos de inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación ingresen a sus establecimientos en forma repentina, y a veces amenazante y sin ninguna delicadeza, a hacer  relevamientos de los empleados.-

A ello se le añade que desde los diferentes medios de publicidad oficial se hace aparecer a estos empleadores como verdaderos criminales desalmados, explotadores, y que sólo tienen como objetivo ganar todo el dinero que puedan a costa de sus trabajadores.-

De nada sirven las explicaciones que se les dé a estos funcionarios sobre la imposibilidad para las empresas de pagar las cargas sociales o los salarios de convenio, pues sencillamente, en muchísimos casos la recaudación por las ventas no son suficientes.-

En todos los casos indefectiblemente se condena al empleador a regularizar a los empleados, a pagar las cargas sociales y en ocasiones hasta se le aplica una multa.-

Sin embargo, en contraste con este celo legalista del Ministerio de Trabajo de la Nación, esta dependencia a algunos de sus propios empleados los tiene en situación claramente ilegal.-

 Recientemente se conoció un fallo de los tribunales laborales de Bs. As., donde queda en evidencia que el Ministerio de Trabajo de la Nación, tuvo nada menos que a una inspectora en forma ilegal, que pese a hacer tareas permanentes durante 4 años, nunca la incorporó a planta permanente, y que finalmente la despidió sin pagarle un centavo de indemnización.-

Esta hipocresía de una repartición estatal no es un caso aislado; es muy común ver en el Estado empleado contratados en forma “temporaria” para realizar tareas permanentes durante años, y que luego le “revocan” el contrato porque al funcionario de turno se le antoja; y se deja en la calle en forma repentina a personas con familia, sin recibir ninguna indemnización por despido.-

 También es muy común en el Estado ver que los empleados no poseen cobertura por riesgos del trabajo, pues sencillamente no se paga el seguro a ninguna ART; o la falta de un seguro colectivo por accidente o muerte, pese a estar impuesto obligatoriamente por ley.-

A ello se le añade que las escalas salariales de los empleados públicos son miserables. Haciendo las mismas funciones que algunos privados, los salarios públicos no alcanzan ni al 70% de los privados. Por ejemplo: el básico de un empleado privado de salud es de $1.300, y el de un médico estatal es $900; el básico promedio de un administrativo es de $2.100, mientras que el promedio de un empleado administrativo estatal ronda los $800.-

 Sería bueno que los funcionarios, igual que los gerentes privados, deban estar obligados a pagar las mismas obligaciones sociales, y que en caso de no hacerlo, al igual que los privados, puedan sufrir una multa, destitución y hasta prisión por la evasión previsiónal. Quizás de ese modo alguno de ellos se llegue a enterar de cómo es el mundo real.-